Tijuana, Baja California. - La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó su rechazo a la agresión sufrida por una persona de la comunidad trans, quien fue abordada por miembros de la "patrulla espiritual" en Tijuana el pasado 9 de mayo. Este incidente resalta la necesidad de proteger los derechos de todas las personas.
Aunque la mandataria reconoció la labor de los centros de rehabilitación, subrayó que estas instituciones deben operar con pleno respeto a los derechos humanos. Por su parte, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, aseguró que la patrulla tiene un permiso válido, pero enfatizó la importancia de cumplir con las normas para evitar sanciones por maltrato.
La fiscal de la entidad, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que se está investigando a la patrulla tras la denuncia presentada por privación ilegal de la libertad. Además, se examina si hay otros señalamientos contra este y otros centros similares, con la finalidad de asegurar que no se vulneren derechos fundamentales.
Javier Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, anunció la apertura de un expediente y la implementación de medidas cautelares para proteger a la víctima. La persona agredida, quien ya tenía antecedentes de adicciones, reafirmó que su estado no debe suspender su derecho al libre tránsito y a la integridad física.
Brenda Elizabeth Rodríguez, integrante de la Secretaría de Equidad de Género, aseguró que se intensificarán las capacitaciones y protocolos en los centros de rehabilitación, poniendo énfasis en la dignidad y los derechos humanos. A raíz de las amenazas a periodistas que cubrieron el caso, el secretario de Gobierno, Juan Pon Méndez, solicitó medidas de seguridad para proteger a los comunicadores afectados.
Con información de afntijuana.info