Tijuana, Baja California. – El reciente asesinato del abogado Arturo Pérez Anguiano-Scully ha reavivado la profunda desconfianza del gremio jurídico de Baja California hacia las autoridades, quienes denuncian una estrategia de seguridad ineficaz, la persistente impunidad y exigen investigaciones transparentes y acciones contundentes.
David Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California (Fedabo), calificó el homicidio como un reflejo de la “gran impunidad” que prevalece en la entidad. Subrayó que esta situación no solo afecta a los abogados, sino a toda la ciudadanía, pues la seguridad es una responsabilidad primordial del gobierno.
Rincón Rey afirmó que la Fedabo ha comunicado su desconfianza a la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, en reuniones previas, especialmente tras el asesinato de la abogada Emilia Ortega Aceves en Tijuana. “Fuimos muy claros y le dijimos que no confiábamos en la autoridad, que no confiábamos en la Secretaría de Seguridad ni en la Fiscalía, y seguimos sosteniendo lo mismo”, declaró.
El líder de abogados enfatizó la necesidad de que los cargos públicos sean ocupados por personal capacitado y comprometido, particularmente en las áreas de seguridad e investigación de delitos, advirtiendo que de no ser así, es preferible que dejen sus puestos.
Por su parte, la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC Zona Costa condenó el crimen, describiendo a Pérez Anguiano-Scully como un profesional distinguido. Comunicaron que atacar a un abogado es atentar contra la justicia y los defensores del orden constitucional, exigiendo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva.
La Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” también denunció el fallo del sistema de seguridad, especialmente en materia de prevención del delito, calificándola como la “obligación más básica”. Su presidenta, Estefanía Campos García, señaló que la violencia y la impunidad erosionan la confianza en las instituciones y son incompatibles con un Estado de Derecho.
El colegio Emilio Rabasa se sumó a las demandas de información clara por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las investigaciones. Cuestionaron la falta de cambios en los mandos de la Fiscalía en Tijuana, a pesar de relevos ocurridos en otras áreas y municipios.