La controversia por el decreto que reclasificó el Puerto de Loreto en Baja California Sur ha escalado tras las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella expresó que la medida era una mera "actualización legal" y que no se contemplaba un incremento en el tráfico marítimo, aunque los detalles del documento indican lo contrario.
El decreto transforma la clasificación de este puerto, permitiendo la entrada de embarcaciones internacionales de gran calado. A pesar de su justificación como parte de una política turística y portuaria, sus críticos argumentan que pone en riesgo las protecciones del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área vital para la ballena azul y otros ecosistemas marinos.
El 25 de mayo, la presión ciudadana llevó al gobierno a revertir la medida, eligiendo la anulación total del decreto en lugar de su corrección, lo que alivia temporalmente las preocupaciones ambientales. La comunidad local, incluyendo pescadores y guías de ecoturismo, se movilizó en contra de esta decisión que consideraban amenazante para sus medios de vida.
Aunque es cierto que el Reglamento de la Ley de Puertos dicta actualizaciones de coordenadas, el decreto incluía más cambios que beneficiaban la llegada de cruceros. Los documentos oficiales mencionan una creciente actividad marítima y la capacidad del puerto para recibir embarcaciones más grandes, lo que contradice la afirmación de que no se esperaba un aumento en el tráfico.
Además, un comunicado de la Secretaría de Marina reveló que desde 2006, el puerto había recibido barcos de altura de manera irregular. La situación compleja se profundiza al señalar que el decreto fue diseñado sin la consulta de las autoridades ambientales ni de la comunidad local, generando desconfianza entre los involucrados.
Con información de verificado.com.mx