Aguascalientes, Aguascalientes. – El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó reformas significativas durante la novena sesión ordinaria de la LXVI Legislatura, enfocándose en endurecer las sanciones por privación ilegal de la libertad. Esta medida busca mejorar la protección de las víctimas y asegurar una justicia más efectiva en situaciones de vulnerabilidad.
La reforma, impulsada por integrantes de la Comisión de Justicia, modifica el artículo 135 del Código Penal del Estado. Se introducen nuevos agravantes para este delito, aumentando así las penas aplicables en casos donde exista un vínculo entre la víctima y el agresor, así como en situaciones de violencia estructural o por razones de género.
Entre las especificaciones de la reforma se contempla que la pena de privación ilegal de la libertad se eleve a un rango de 2 a 8 años de prisión, así como multas que varían entre 100 y 200 días. Estas sanciones se aplicarán en especial a casos donde las víctimas sean grupos vulnerables, como niños, personas adultas mayores o aquellos en condiciones de desventaja física o mental.
Con la implementación de estas reformas, el Congreso busca asegurar una mayor protección a los derechos humanos, enfatizando la importancia de crear un entorno más seguro para todos los ciudadanos. El objetivo es que las leyes reflejen el compromiso de la legislatura con un sistema de justicia que priorice la integridad y el bienestar de las personas.
La nueva legislación tiene un carácter preventivo, buscando no solo castigar los delitos, sino también desincentivar acciones que pudieran facilitar la privación ilegal de la libertad en el futuro. Se espera que, con el tiempo, esta medida reduzca significativamente los casos relacionados y mejore la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.

