Managua, Nicaragua. - El gobierno de Daniel Ortega ha aprobado reformas constitucionales que impiden que quienes sean considerados “traidores a la Patria” participen en elecciones. Esta medida se suma a casi dos décadas de control sobre las instituciones del país, que han sido debilitadas una a una, lo que ha suscitado alarmas sobre un posible deterioro democrático.
La organización de derechos humanos CIDH documentó, en 2018, la muerte de al menos 355 personas durante protestas y graves violaciones a los derechos humanos. Desde entonces, Ortega ha intensificado la persecución de opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, lo que ha conducido al cierre de miles de entidades y la arrestación de críticos del régimen.
En este contexto, es fundamental que México extraiga lecciones de la situación en Nicaragua. La concentración del poder, la descalificación de voces críticas y el control de instituciones generan un entorno que podría resultar en un debilitamiento de la democracia.
La preocupación se hace más evidente debido a la relación del gobierno mexicano con Ortega. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, expresó su “admiración y cariño” hacia el mandatario nicaragüense durante el 47 aniversario de la Revolución. Este tipo de acercamientos podrían tener repercusiones si no se actúa con cautela en defensa de la democracia.
La historia de Nicaragua es un recordatorio de que las dictaduras se construyen poco a poco y que la democracia requiere defensa activa. La situación actual invita a reflexionar sobre las medidas que cada sociedad debe tomar para proteger sus libertades. La defensa de la democracia requiere valor y participación.
Mientras tanto, las acciones de Ortega continúan desdibujando los límites de la democracia nicaragüense, dejando en evidencia la importancia de mantener un sistema de contrapesos y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.
Con información de elimparcial.com