La empresa señala que el robo de combustibles impacta la seguridad, infraestructura y finanzas, pese a esfuerzos de seguridad conjunto con el gobierno mexicano. La industria petrolera mexicana enfrenta una amenaza persistente por el robo de combustibles, conocido como huachicol, que continúa poniendo en riesgo sus operaciones y seguridad. A pesar de las campañas y operativos coordinados con las autoridades, los delitos relacionados con la toma clandestina de ductos siguen registrando cifras elevadas y causando daños considerables. El informe del tercer trimestre de Petróleos Mexicanos revela que en los últimos dos años se detectaron más de 26 mil tomas clandestinas, con cifras que oscilan entre 11,774 en 2024 y 14,890 en 2023. Estas actividades ilícitas generan pérdidas económicas, daños a la infraestructura y peligros a la vida de trabajadores y comunidades cercanas. La situación no solo impacta en el aspecto financiero, sino que también ocasiona incendios, explosiones y afectaciones ambientales, lo que interviene en la continuidad de las operaciones y la entrega de productos. Expertos en seguridad señalan que la colusión entre organizaciones criminales, funcionarios y empleados hace que el fenómeno del huachicol sea particularmente difícil de erradicar. La presencia de estas redes criminales en el sector contribuye a la dificultad de control interno y aumenta la vulnerabilidad de las instalaciones críticas. A pesar de las múltiples estrategias implementadas por Pemex y las fuerzas de seguridad mexicanas, la reducción efectiva del robo de hidrocarburos aún no se ha logrado de forma sostenida, subrayando la complejidad del problema en un contexto donde las actividades ilícitas están vinculadas a grupos delictivos de mayor escala. La lucha contra el huachicol continúa siendo un desafío prioritario para garantizar la seguridad y la estabilidad del sector energético en México.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
