Las cerealeras solicitan que las acciones controladas por Grassi y Nofal sean apartadas del proceso de reestructuración para evitar manipulación en las votaciones de la quiebra.
El proceso de reestructuración de Vicentin, que busca reactivar la firma tras su crisis en 2019, enfrenta una disputa judicial que puede definir su futuro. Las principales exportadoras Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una solicitud para que el juez excluya del conteo de votos a una sociedad denominada Avir South S.A.R.L., vinculada a Mariano Grassi y a un entramado offshore controlado por el empresario Esteban Nofal. La operación busca evitar que créditos adquiridos en condiciones cuestionables influyan en la decisión mayoritaria de los acreedores.
La disputa se centra en que Avir South, que tiene aproximadamente el 37 % del pasivo de Vicentin, no sería un acreedor original, sino que adquirió sus créditos en condiciones que generan dudas sobre transparencia y posibles vínculos ilegales mediante sociedades en Uruguay, Bahamas y las Islas Vírgenes. La ley concursal establece que solo los acreedores reconocidos en sentencia pueden votar, por lo que la inclusión de esas sociedades podría afectar la legitimidad del proceso y abrir riesgos de manipulación.
Este conflicto adquiere una nueva dimensión en el contexto de un proceso judicial que ha recibido múltiples denuncias sobre maniobras financieras y alianzas transoffshore, relacionadas con la adquisición de deuda y la influencia en la toma de decisiones. La decisión del juez será clave para determinar si estas sociedades podrán participar en la votación final, lo que afectará la aceptación o rechazo del plan de reestructuración presentado por Grassi, que incluye condiciones que generan rechazo entre una parte de los acreedores.
El caso de Vicentin refleja las complejidades del proceso de quiebra en empresas con entramados societarios internacionales y destaca la importancia de mantener la transparencia para garantizar decisiones justas que favorezcan al proceso de reactivación y al interés general de los acreedores.