México enfrenta dos décadas de guerra contra el narcotráfico, un conflicto desatado en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Al tomar posesión, prometió recuperar la seguridad en el país y poner fin al dominio de las organizaciones criminales. Desde entonces, se han registrado miles de muertes y desapariciones, y el conflicto ha modificado la dinámica de la migración en el país.
La militarización de la seguridad pública y la fragmentación de las organizaciones criminales intensificaron la violencia. A medida que los grupos de narcotráfico se diversificaron, implementaron nuevos métodos de obtener ganancias, incluyendo el secuestro, la extorsión y el tráfico de migrantes. Este escenario llevó a un incremento de la explotación de las personas migrantes, quienes, al atravesar el país, se convirtieron en víctimas de una economía de la crueldad.
Las masacres de migrantes en lugares como San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde se hallaron los cuerpos de 72 personas, revelaron la transformación de las rutas migratorias en territorios peligrosos. Estas atrocidades se convirtieron en símbolos de una tragedia más profunda, pues las organizaciones criminales no sólo acababan con vidas, sino que sacaban provecho de la vulnerabilidad de las personas migrantes, muchas de ellas sin acceso a ayuda ni protección.
Como resultado, la migración se ha vuelto un proceso clandestino, donde las políticas restrictivas han empujado a los migrantes hacia la invisibilidad. “Las leyes migratorias y la vigilancia alimentan la clandestinización”, señala un experto en el tema.
A medida que las condiciones se agravan, la guerra contra el narcotráfico deja un legado letal que continúa afectando la vida diaria de millones.
Con información de diariodelyaqui.mx