Morelia, Michoacán. - La Ley General de Educación Superior, promulgada el 20 de abril de 2021, estableció nuevas obligaciones para los poderes legislativos en materia de educación. Esta legislación exige que cualquier modificación a las leyes orgánicas de universidades autónomas cuente obligatoriamente con el resultado de una consulta previa a la comunidad universitaria y a su órgano de gobierno competente.
Bajo esta normatividad, si un órgano legislativo desea llevar a cabo un acto legislativo que afecte la Ley Orgánica de una universidad autónoma, deberá respetar lo estipulado en su artículo segundo. Así, el incumplimiento de este procedimiento podría resultar en que las decisiones del legislador sean consideradas nulas, de acuerdo con lo que determine un órgano jurisdiccional federal.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es un caso emblemático en este contexto. En 1986, enfrentó una crisis por la duplicidad de poderes en su administración. Ante esta situación, el legislador local reformó su Ley Orgánica permitiendo la designación de un Rector Interino mientras se resolvían los conflictos internos. En contraste, la legislación actual impone limitaciones al legislador para intervenir en asuntos universitarios, buscando preservar la autonomía educativa.
Recientemente, la reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH, aprobada el 3 de noviembre, se encuentra en revisión judicial. Únicamente un juez federal podrá determinar si esta reforma cumple con las disposiciones legales pertinentes, en un contexto donde los estudiantes demandan el derecho a una educación de calidad.
Con información de quadratin.com.mx

