Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias contundentes que prohíben a 17 municipios del estado de Chihuahua realizar cobros y multas consideradas excesivas, argumentando que estas prácticas vulneran derechos humanos y la competencia federal. Las resoluciones, publicadas el 24 de diciembre, invalidan tarifas por copias certificadas, expedición de documentos, eventos sociales como bodas y XV años, así como por la construcción de instalaciones eléctricas y aerogeneradores.
Las sentencias clave, que corresponden a las controversias constitucionales 51/2025 y 57/2025, y la Acción de Inconstitucionalidad 17/2025, señalan que el cobro por copias y certificaciones debe limitarse estrictamente al costo de los materiales, como papel y tinta, desestimando el lucro por parte del Estado. Asimismo, se anularon multas basadas en conceptos vagos como “causar escándalo”, debido a la falta de precisión en la descripción de la conducta prohibida, lo que podría derivar en arbitrariedad.
En materia energética, la Corte determinó que los municipios de Juárez y Aquiles Serdán invaden la competencia exclusiva de la federación al pretender gravar la construcción de aerogeneradores, torres de medición de vientos y subestaciones eléctricas. Se enfatizó que la planeación y control del sistema eléctrico nacional son áreas estratégicas reservadas al ámbito federal.
Respecto a los derechos ciudadanos, la SCJN expulsó del sistema jurídico los cobros por permisos para realizar fiestas particulares, bodas, XV años y posadas en domicilios o salones privados, estableciendo que el Estado no puede condicionar este derecho humano al pago de una cuota. También fueron invalidadas tarifas que violaban el principio de gratuidad en la entrega de información pública y multas por conductas ambiguas en municipios como Jiménez y López.
La SCJN ordenó que las sentencias tengan efecto inmediato y exhortó a los legisladores locales a evitar futuras inconstitucionalidades. El Congreso y el Poder Ejecutivo de Chihuahua defendieron las tarifas argumentando autonomía municipal, necesidad de financiamiento y el uso de suelo y licencias de construcción como facultades municipales, además de la justificación de costos técnicos y el mantenimiento de archivos para la certificación de documentos. Sobre los permisos para fiestas, argumentaron la necesidad de asegurar el orden público y medidas de seguridad.