Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que es inconstitucional exigir autorizaciones previas para realizar protestas públicas en Sonora. Con esta decisión, se invalidó parte del artículo 109 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado, aprobada en enero de 2024 por el Congreso local, que establecía la necesidad de obtener un permiso para manifestarse.
El proyecto de resolución, presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, argumentó que la norma invalidada era vaga, permitía una discrecionalidad excesiva y funcionaba como un mecanismo de control previo, lo cual es incompatible con el derecho a la protesta social pacífica y puede generar un efecto inhibitorio en la democracia.
No obstante, la SCJN mantuvo vigente el artículo 110 del mismo ordenamiento, el cual estipula un aviso previo de 72 horas para las manifestaciones, aunque contempla excepciones si se presentan supuestos que constituyan delitos o infracciones administrativas. Los ministros Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama expresaron su opinión a favor de eliminar también este inciso.
La decisión del pleno de la Corte subraya que el requisito de autorización previa introduce un elemento de discrecionalidad que atenta contra la libertad de expresión. Se señaló que la evaluación de la legalidad de una protesta podría quedar en manos de las mismas autoridades contra las cuales se dirige el descontento popular, sometiendo el derecho a la libre manifestación de ideas a las preferencias ideológicas de los funcionarios.
El fallo resalta la importancia de que las autoridades desarrollen e implementen protocolos para contener a elementos delincuenciales que puedan infiltrarse en actos legítimos, garantizando al mismo tiempo la libertad y seguridad de los manifestantes, observadores y ciudadanos afectados por las movilizaciones.
Finalmente, se enfatizó que la mejor estrategia para mitigar el impacto de las manifestaciones en la vida cotidiana y la actividad económica es atender las demandas ciudadanas de manera oportuna, en lugar de restringir o burocratizar el derecho a la protesta.