Ciudad de México, CDMX. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos no necesariamente evidencian vínculos de las personas sancionadas con el crimen organizado. Esta declaración surge en respuesta a preguntas sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería investigar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su exesposo, Carlos Torres Torres, quien figura en las sanciones.
Sheinbaum Pardo citó el reciente caso de sanciones contra dos bancos y una casa de bolsa, asegurando que aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades en las cuentas de algunas de estas instituciones, no halló pruebas de conexiones con actividades delictivas. Explicó que la detección de movimientos financieros inusuales no implica una relación automática con grupos criminales, y que los afectados pueden justificar el origen de sus recursos ante la UIF.
“Hubo irregularidades, pero no vínculos con delincuencia”, comentó la presidenta, enfatizando que el congelamiento de cuentas no conlleva necesariamente una denuncia penal. Detalló que, en varias ocasiones, la UIF ha lanzado alertas sobre cuentas irregulares sin encontrar justificaciones para interponer querellas ante la Fiscalía.
Ante las preguntas sobre si este mismo criterio debería aplicarse al caso de la gobernadora y su exesposo, Sheinbaum evitó pronunciarse directamente y continuó explicando las funciones de la UIF. Aclaró que algunas de las personas cuyas cuentas fueron congeladas ya tenían investigaciones en curso en la Fiscalía, aunque esto no es común en todos los casos.
La mandataria concluyó que el proceso sigue en manos de la UIF, la cual revisa cada caso individualmente para determinar si corresponde actuar de forma legal.
Con información de eluniversal.com.mx