Roberto Gil, asesor jurídico de la gobernadora María Eugenia Campos, ha presentado una respuesta legal frente a los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR). En su declaración, Gil argumentó que la defensa de la mandataria objetó la competencia del Ministerio Público y la imprecisión de los hechos en investigación, además de denunciar una persecución coordinada en su contra.
La defensa se movió simultáneamente en dos ciudades: Ciudad Juárez y Ciudad de México. En la primera, un escrito fue presentado por el consejero jurídico del Gobierno del Estado, mientras que en la capital del país, el equipo legal de Campos acudió a la FGR para argumentar su caso.
Gil subrayó que la forma en que se emitió el citatorio a la gobernadora suscita inquietudes. A su juicio, el Ministerio Público no clarificó los detalles necesarios para una defensa adecuada, lo que transforma la citación de testigo en un acto formal de imputación, eludiendo el debido proceso de desafuero que protege a la gobernadora.
En el contexto de una posible implicación en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, el asesor reiteró que la gobernadora no tuvo conocimiento ni participación en esos operativos. Esta información ya fue remitida al Consejo de Seguridad Nacional, y se confirma que la FGR posee toda la documentación pertinente en relación con la carpeta de investigación del caso.
En entrevista, Roberto Gil expresó su preocupación por la confluencia de eventos legales y políticos que, según él, podrían indicar una estrategia de acoso. Mencionó la combinación del citatorio federal, un juicio político en el Congreso y la reactivación de un caso de secuestro que había sido cerrado previamente. Estas acciones terminales han levantado interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de los procedimientos legales contra la gobernadora.
Con información de heraldodemexico.com.mx