La jueza penal Blanca Diva Ponce Caro ha presentado su renuncia irrevocable al Poder Judicial de Sonora y su salida de Morena, generando una controversia significativa. La decisión tomada por la jueza surge tras su nombramiento como secretaria ejecutiva de un comité seccional de dicho partido mientras aún ejercía sus funciones como juzgadora.
Los medios locales y nacionales han documentado este acontecimiento, el cual se volvió objeto de discusión pública luego de que Ponce Caro fuese vista participando en actividades políticas, lo que contraviene las restricciones impuestas a los jueces. La Constitución Política del Estado establece que los jueces no pueden ocupar otros cargos que interfieran con su responsabilidad judicial, lo que llevó a que varios especialistas advirtieran sobre la posible falta de imparcialidad en sus decisiones.
El nombramiento de la jueza fue realizado en un acto liderado por figuras de Morena en Sonora, lo que despertó preocupaciones respecto a la independencia del Poder Judicial frente a influencias políticas. Si bien el partido expresó inicialmente que el cargo no era remunerado ni considerado público, posteriormente admitió que la participación de Ponce Caro podría provocar discrepancias con los principios de independencia judicial y cumplimiento normativo.
El artículo 123 de la Constitución de Sonora es claro al estipular que jueces y magistrados no deben desempeñar otras funciones ajenas a su labor jurisdiccional. Esto ha alimentado el debate sobre la politización del sistema judicial en el estado, planteando interrogantes sobre la capacidad de los magistrados para mantener la objetividad en sus decisiones al estar involucrados en cuestiones políticas.
La renuncia de Blanca Diva Ponce marca un precedente importante en la discusión sobre la separación de poderes en México, especialmente en el contexto de la reciente reforma judicial y el nuevo formato de selección de jueces. Con su salida, se reitera la necesidad de mantener la autonomía del Poder Judicial y evitar cualquier conflicto de intereses que pudiera socavar su integridad.
Con información de elimparcial.com