El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propone reformar las leyes relacionadas con los derechos de los niños y la administración pública federal para combatir el reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada. La iniciativa busca crear protocolos que garanticen la prevención, detección, atención, investigación y erradicación de esta problemática.
Datos clave
- Proponente: Raúl Bolaños-Cacho Cué, diputado del PVEM.
- Objetivo: Reformar leyes para prevenir el reclutamiento de menores.
- Contexto: 250,000 menores en riesgo de ser reclutados por crimen organizado.
- Aumento: 20.6% en adolescentes privados de libertad por delitos relacionados con la delincuencia organizada entre 2023 y 2024.
- Estados de alto riesgo: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, entre otros.
La propuesta implica que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, establezcan y coordinen los mecanismos necesarios para implementar protocolos que respondan a esta crisis. Además, se plantea que estos protocolos estén diseñados con un enfoque interinstitucional que aborde no solo el aspecto legal, sino también la infraestructura para identificar riesgos en distintos entornos.
¿Qué medidas propone la iniciativa de Bolaños?
La iniciativa prevé la implementación de sistemas de alerta temprana en comunidades, escuelas y entornos digitales, así como protocolos homologados para las autoridades de distintas áreas, incluyendo salud y educación. También se menciona la importancia de realizar investigaciones que desarticulen las redes de reclutamiento y de diseñar medidas de protección para las víctimas.
A pesar de que existe una obligación legal para prevenir el reclutamiento de menores, actualmente no hay un protocolo federal específico para abordar este tema. Según la iniciativa, el cruce de datos indica que el incremento de adolescentes reclutados es alarmante y es necesario actuar de inmediato para revertir esta tendencia.
El reclutamiento de menores por el crimen organizado no solo es una violación de sus derechos, sino que perpetúa ciclos de violencia y marginación que afectan a toda la sociedad. Con el respaldo de datos de organizaciones como UNICEF, la propuesta está respaldada por una necesidad urgente de intervención en el ámbito legal y social.
Con información de diariodechiapas.com