Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos críticos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han solicitado que la próxima revisión del acuerdo comercial priorice los derechos humanos, laborales y medioambientales. Esta petición surge tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de no respaldar la extensión automática del tratado.
Datos clave
- Cuándo: Revisión anual del T-MEC en 2023.
- Quién: Organizaciones sociales y sindicatos, incluida la Asamblea de Incidencia del T-MEC.
- Qué: Demandas para priorizar derechos humanos en la revisión del T-MEC.
- Dónde: México, Estados Unidos y Canadá.
- Enfoque: Justicia social y protección del medio ambiente.
Las agrupaciones enfatizaron que el nuevo contexto abre la posibilidad de discutir temas que han sido ignorados en la integración económica de América del Norte. Se mencionaron cuestiones como la justicia social, la soberanía alimentaria y la inclusión de comunidades indígenas en las decisiones que impactan el tratado.
Además, advirtieron que la revisión anual podría ser utilizada como un medio de presión para que México acepte condiciones que excedan un marco de negociación igualitaria. Hicieron un llamado al gobierno mexicano para no comprometer asuntos críticos, como la inclusión de la energía en el tratado y la independencia alimentaria, lo que podría afectar el bienestar de millones de trabajadores.
¿Qué propuestas se han hecho para la revisión del T-MEC?
Las organizaciones han propuesto la creación de un mecanismo institucionalizado y transparente que asegure la participación activa de diversas comunidades en las revisiones anuales del T-MEC. Sugirieron la formación de una Mesa Permanente de Participación Social y la realización de una consulta popular sobre los impactos y el futuro del tratado.
Insistieron en que el acceso a la información y la deliberación pública son esenciales para garantizar un debate inclusivo y justo.
¿Cómo afecta esto a los derechos laborales y ambientales?
Los firmantes del pronunciamiento dejaron claro que no tolerarán que las revisiones debiliten los derechos laborales ni provoquen un aumento en las desigualdades existentes. Resaltaron que el discurso sobre soberanía debe traducirse en decisiones tangibles que garanticen la protección de los derechos humanos y ambientales, así como la defensa de las comunidades vulnerables.
Ante la nueva realidad económica, las organizaciones afirmaron que una política comercial compatible con los derechos humanos debe ser inclusiva y transparente. El futuro de la integración económica de América del Norte dependerá de cómo sean consideradas las voces de quienes enfrentan en la vida cotidiana los efectos del T-MEC.
Con información de municipiospuebla.mx