La presión que ejerce Estados Unidos sobre México ha cambiado significativamente. Ya no se trata solo de perseguir a los líderes del narcotráfico, sino de apuntar a una clase política que se ha visto comprometida con estas organizaciones criminales. La situación actual coloca al gobierno mexicano en una posición delicada ante demandas concretas de Washington.
La interrelación histórica entre políticos y narcotraficantes ha existido durante años, pero Morena ha elevado esta dinámica al permitir la injerencia de estos grupos en procesos electorales. Esto se ha evidenciado en casos como el de Sinaloa, donde se ha documentado que el cártel proporcionó apoyo decisivo a los candidatos de Morena en las elecciones de 2021.
En este contexto, Washington ha comenzado a solicitar la captura de figuras políticas vinculadas al narcotráfico, comenzando por los líderes de Sinaloa. Entre ellos se encuentran el gobernador Rocha y el senador Inzunza, quienes emergen como representantes de este fenómeno de colusión que busca desestabilizar incluso la estructura gubernamental.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su escepticismo frente a estas solicitudes, lo que genera preocupación sobre la falta de acción en este frente. Negarse a reconocer la complejidad del problema y los recientes requerimientos de EE.UU. podría limitar la capacidad de negociación hacia un pacto de seguridad que beneficie a ambas naciones.
La realidad es que México no puede abordar solo el desafío de la seguridad pública, al igual que Estados Unidos, que enfrenta sus propias limitaciones, a pesar de su poderío militar. La cooperación entre ambos países es fundamental para abordar este problema que trasciende fronteras y afecta a millones de vidas.
Con información de milenio.com