La actual administración de México ha desatado debates sobre la salud de la democracia y el Estado de derecho en el país. La gestión de Claudia Sheinbaum ha sido criticada por las decisiones judiciales que parecen favorecer a ciertos actores políticos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia.
Particularmente, los casos de la gobernadora Maru Campos y Rubén Rocha Moya han puesto de relieve la percepción de que el régimen morenista aplica una justicia selectiva. Mientras la gobernadora enfrenta ataques constantes, su homólogo en Sinaloa parece estar protegido ante acusaciones similares. Esta situación refleja un uso arbitrario del poder que afecta gravemente la confianza pública.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, muchos ciudadanos sienten que México se ha desplazado hacia un sistema donde las leyes son interpretadas de forma variable, en beneficio de unos pocos. Este cambio ha generado preocupación y desconfianza respecto a la capacidad del gobierno para garantizar un Estado de derecho sólido y equitativo.
A nivel social, la opinión pública muestra un creciente apoyo hacia liderazgos que representan un enfoque más justo y equitativo. A medida que las tensiones aumentan, será crucial que las autoridades escuchen a los ciudadanos y busquen restaurar la confianza en las instituciones. Las decisiones futuras de la administración de Sheinbaum serán observadas de cerca para evaluar si se alejarán de la polarización y la injusticia.
Con información de vanguardia.com.mx

