Ciudad de México, CDMX. - El gobierno mexicano está desarrollando una metodología única para evaluar a los candidatos a cargos de elección popular, con el fin de identificar “riesgos razonables” de vínculos con el crimen organizado en el marco de las elecciones intermedias de 2027. La iniciativa fue anunciada por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.
A través de este mecanismo, los partidos políticos podrán presentar sus listas de precandidatos al Instituto Nacional Electoral (INE). Las instituciones de seguridad revisarán estos perfiles mediante sus bases de datos, que incluyen investigaciones abiertas y cuentas bloqueadas, para determinar la existencia de algún riesgo relacionado.
Durante una conferencia en Chiapas, Alcalde destacó que se están estableciendo mesas de coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), y otras instancias clave para definir este proceso conforme a la legislación vigente.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que las revisiones se basarán exclusivamente en la información de las dependencias mexicanas, subrayando que factores externos, como la revocación de visas por parte de Estados Unidos, no influirán en este procedimiento electoral.
Esta medida surge ante el contexto de creciente violencia en el ámbito político, que en el proceso electoral de 2024 dejó 41 políticos asesinados y 10 secuestrados. Ante esta situación, Arturo Chávez, presidente de la nueva comisión del INE responsable de verificar la integridad de las candidaturas, hizo un llamado a todos los sectores, incluidos empresarios y medios de comunicación, para contribuir en la lucha contra la corrupción electoral.
El INE dio inicio formalmente al proceso electoral que culminará en junio de 2027, cuando se renovarán 500 escaños en la Cámara de Diputados y 19,609 cargos locales, incluidas 17 gubernaturas.
Con información de elfinanciero.com.mx