Washington D.C. - La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria de 1996 estableció un marco legal que ha permitido el terror institucional hacia los inmigrantes en Estados Unidos. Esta legislación, que se considera fundamental para las políticas antiinmigrantes, ha llevado a un aumento en detenciones y deportaciones durante administraciones recientes, especialmente la de Donald Trump.
La IIRAIRA, adoptada durante el mandato de Bill Clinton, definió el acto de emigrar como algo potencialmente criminal, creando términos que vinculan a los inmigrantes con la delincuencia. Esta normativa amplió las consecuencias migratorias derivadas de condenas penales y limitó la capacidad de los jueces de inmigración para otorgar protección en casos excepcionales.
Después de esta reforma, se implementó el programa 287(g), que permite a las fuerzas policiales locales arrestar inmigrantes bajo la autoridad de agencias federales. Esa facultad ha sido utilizada para ejecutar redadas masivas y generar un ambiente de miedo entre las comunidades inmigrantes. Al mismo tiempo, la legislación amplió considerablemente las categorías de infracciones que pueden llevar a la deportación, dificultando el proceso de asilo.
Organizaciones de derechos humanos, como LatinoJustice PRLDEF, han cuestionado la percepción criminal que rodea a los inmigrantes desde la aprobación de la IIRAIRA. A lo largo de los años, estas organizaciones han llevado a cabo litigios importantes en contra de los programas de colaboración entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, logrando indemnizaciones millonarias para inmigrantes detenidos ilegalmente.
Las consecuencias de la IIRAIRA siguen presentes, con más de 65,000 personas bajo custodia del ICE en condiciones inhumanas. La necesidad de revertir esta ley se vuelve cada vez más urgente para desmantelar un sistema que ha criminalizado a millones de inmigrantes y ha desgarrado familias en el país.
Con información de eldiariony.com