Ciudad de México, CDMX. - La propuesta conocida como Ley antimemes, aprobada por el Senado y que será discutida en la Cámara de Diputados la próxima semana, ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de expresión en el país. Mientras el Gobierno la defiende como una vía para proteger la propiedad intelectual y evitar fraudes, la oposición la critica como un posible instrumento de censura.
Presentada en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta fue respaldada por los senadores de los partidos Morena, PVEM y PT. La minuta se enviará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene los votos suficientes para que sea aprobada sin modificaciones. La crítica se enfoca en el artículo 403 bis de la Ley de Propiedad Industrial, que contempla penas de uno a cinco años de prisión para quienes usen la identidad gráfica institucional de manera que induzca a error.
Expertos y representantes de partidos opositores consideran que la redacción del artículo es ambigua y permite interpretaciones que pueden ser utilizadas para penalizar la sátira, la crítica y la parodia en medios de comunicación y redes sociales. “De aprobarse, el Gobierno tendría herramientas para encarcelar a quienes lo critiquen”, advirtió la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, también se mostró preocupada por los términos vagos del artículo 403 bis. Al mismo tiempo, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, planteó la incertidumbre sobre los límites que se establecerán para determinar cuándo se comete un delito con el uso de caricaturas o críticas políticas.
El oficialismo defiende su postura, argumentando que la reforma es necesaria para combatir la piratería y la alteración de imágenes oficiales. La senadora de Morena, Malú Micher, enfatizó que la ley no busca censurar la sátira, sino proteger derechos de autor y la economía formal. Claudia Sheinbaum, en un pronunciamiento reciente, reiteró que la reforma no pretende censurar memes o críticas, sino regular el uso fraudulento de imágenes.
La oposición y diversas organizaciones de derechos humanos continúan presionando por cambios en la legislación, advirtiendo que la ambigüedad de la propuesta puede llevar a abusos. A medida que se acerca la discusión en la Cámara de Diputados, la presión sobre el Gobierno para aclarar los términos y el alcance de la ley aumenta.
Con información de elpais.com