Ciudad de México, CDMX. - La Fiscalía General de la República revisa el caso de varios funcionarios implicados en presuntos pactos con el crimen organizado, entre ellos el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El 29 de abril, Estados Unidos solicitó su extradición junto con la del senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios, aunque hasta ahora no ha habido avances concretos en su arresto.
Fuentes indican que la falta de pruebas suficientes ha sido el principal argumento para la falta de acción. "No hay pruebas", es el pretexto que se ha repetido en los círculos oficiales, mientras la presión aumenta tanto del lado estadounidense como dentro del país.
Además, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que tampoco existen órdenes de aprehensión contra otras figuras relacionadas, como Andy López Beltrán y el empresario Amílcar Olán. “Van por Rocha Moya muy pronto. Le van a dar prisión domiciliaria”, indicó una fuente de alto nivel a un medio de comunicación, sugiriendo que pronto podrían tomarse decisiones importantes.
En el ámbito internacional, el expresidente estadounidense Donald Trump ha criticado en reiteradas ocasiones la inacción de México en la persecución de políticos implicados con el narcotráfico. Aunque la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado este tipo de críticas al declarar que “sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”.
El tema de los nexos entre políticos y el crimen organizado sigue siendo objeto de debate y controversia en el país. La conversación en torno a la extradición de Rocha Moya y los demás acusados continúa generando inquietud tanto entre ciudadanos como entre funcionarios, mostrando cuán complejas son las dinámicas del sistema político mexicano respecto a la corrupción y el crimen organizado.
Con información de sonorapresente.com