Ciudad de México, CDMX. - La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, reafirmó su compromiso de buscar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el marco del doceavo aniversario de los hechos. Sin embargo, críticos sostienen que el gobierno ignora importantes pruebas que podrían esclarecer los sucesos de esa noche trágica en Iguala.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de 109 normalistas llegó a Iguala en autobuses robados con la intención de manifestarse en la Ciudad de México. Las autoridades tienen conocimiento de que integrantes de la banda Guerreros Unidos esperaban su llegada, temiendo que entre ellos había miembros de un grupo rival. Las posteriores detenciones violentas de los estudiantes por parte de la policía, junto con la omisión de acción por parte del ejército, resultaron en la entrega de varios normalistas a sicarios, quienes se presume los incineraron en un basurero.
A pesar de las evidencias y confesiones de los implicados, una serie de decisiones legales ha permitido que muchos de los acusados sean liberados. El fiscal especial Omar Gómez Trejo no ha presentado pruebas sustanciales que respalden el encarcelamiento de los culpables, lo que ha llevado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar exámenes genéticos sobre restos humanos hallados en el lugar, recomendación que no ha sido atendida por la Fiscalía General de la República.
Las críticas al gobierno se intensifican a medida que se percibe un intento de encubrir la verdad. Investigadores, como el ex procurador Jesús Murillo Karam, han sido objeto de acusaciones para desviar la atención sobre la falta de acción contra los verdaderos responsables.
Mientras las demandas de justicia continúan, el estatus del caso sigue siendo incierto, con la impresión general de que los crímenes de Iguala y Cocula permanecen impunes.
Con información de elimparcial.com