Chilpancingo, Guerrero. - A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó el compromiso del gobierno con la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, familiares de las víctimas y diversos actores sociales apuntan a que el Estado sigue negándose a aceptar hechos conocidos sobre la tragedia que ocurrió en Iguala.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de 109 normalistas, en su mayoría de primer año, llegó a Iguala con la intención de trasladarse a la Ciudad de México. Los jóvenes fueron víctimas de una violenta operación por parte de cárteles criminales y autoridades locales, que llevaron a su detención y posterior entrega a sicarios de Guerreros Unidos. Testimonios como el del padre Alejandro Solalinde aseguran que varios normalistas fueron quemados vivos en un basurero de Cocula.
A lo largo de los años, se ha denunciado una conspiración por parte de líderes de Ayotzinapa para ocultar la versión de los hechos sobre la quema de los estudiantes, deslegitimando las confesiones de los partícipes en los crímenes. A pesar de la existencia de pruebas sólidas, la Fiscalía General de la República no ha realizado exámenes genéticos a restos hallados en el basurero de Cocula, lo que podría confirmar la suerte de los normalistas.
Por último, el exprocurador Jesús Murillo Karam enfrenta acusaciones de "desaparición forzada" por presentar la hipótesis conocida como "verdad histórica", considerada por algunos como la más robusta. A pesar de los reclamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno continúa eludiendo responsabilidades y la rendición de cuentas en este emblemático caso.
Con información de pulsoslp.com.mx