El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una investigación sobre un expediente disciplinario abierto a un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida, por atender a ciudadanos que no contaban con cita previa. Esta acción surge tras diversas quejas de los ciudadanos que han reportado complicaciones para conseguir una cita y la atención presencial en las oficinas administrativas.
El Defensor ha solicitado al SEPE datos sobre el posible expediente en contra del trabajador, así como información sobre el tiempo medio requerido para obtener citas en la Oficina de Empleo de Mérida. Además, ha exigido claridad sobre los criterios que rigen la atención al público y las limitaciones que los empleados gubernamentales deben seguir para realizar su trabajo.
Recientemente, esta situación ha generado un mayor enfoque por parte de la institución al recibir "numerosas" quejas relacionadas con la dificultad para agendar citas y ser atendidos. Se ha recomendado a la Secretaría de Estado de Trabajo la búsqueda de soluciones efectivas para abordar estos inconvenientes, pues las respuestas obtenidas han señalado que el problema radica en un déficit de personal.
Los informes indican que el funcionario fue sancionado por expedir certificados de prestaciones sociales sin agendar previamente a los solicitantes. Se destaca que atendió a quienes no lograron conseguir cita después de cumplir con todas las citas asignadas, o cuando había espacios disponibles en su agenda.
La situación actual plantea cuestionamientos sobre las políticas de atención al ciudadano, y el Defensor del Pueblo sigue de cerca el desarrollo del caso para asegurar que se atiendan las necesidades de la población afectada.
Con información de notimerica.com