Los recursos públicos destinados a la seguridad en México son significativos, y este fenómeno está relacionado con el crecimiento de Seguritech Privada, la cual se beneficia en gran medida de contratos con diversas entidades gubernamentales. A pesar de la inversión millonaria, la percepción de seguridad entre los ciudadanos no ha mejorado, lo que genera preguntas sobre el uso efectivo de esos recursos.
Un análisis exhaustivo indica que el 95% de los ingresos de Seguritech Privada provienen de contratos gubernamentales, alcanzando cifras superiores a 34 mil millones de pesos entre 2021 y 2025. Gran parte de estos fondos se ha canalizado hacia empresas sin un historial verificable, lo que dificulta determinar la proporción de costos en relación con los servicios recibidos.
Se ha identificado que, parte de los recursos, se destinaron a comisiones y pagos considerados excesivos para intermediarios. Algunas empresas recibieron hasta 912 millones de pesos, mientras que figuras clave, como Daniel Esquenazi, también han acumulado grandes sumas. Estos hechos plantean dudas sobre la transparencia de las contrataciones en un sector crucial para la seguridad pública.
Un componente clave de esta red es la subcontratación a múltiples empresas relacionadas, a menudo sin el respaldo adecuado. Seguritech Privada ha apartado miles de millones para cubrir servicios variados, muchos de los cuales son difíciles de rastrear. Esta cadena de flujos contradice los mecanismos de supervisión establecidos por la normativa nacional.
Expertos revelan que la fragmentación de operaciones entre varias entidades puede ser un método legal, pero la falta de transparencia y la presencia de empresas sin antecedentes sólidos generan un entorno propicio para la corrupción. La legislación permite estas prácticas, pero el secreto a menudo rodea la autorización de las subcontrataciones, dejando en la sombra la manera en que se distribuyen los fondos públicos.
Con información de zetatijuana.com