La reciente reforma judicial, que fue aprobada por el Senado el 28 de agosto, obtuvo la autorización de 22 legislaturas locales en menos de 24 horas. Este apoyo incluye a entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sonora y Yucatán. Con este respaldo, se supera el umbral requerido por la Constitución, alcanzando un total del 68.8 por ciento de los congresos estatales.
Esta modificación establece que la elección de jueces y magistrados se llevará a cabo en 2028. Además, simplifica los procesos de evaluación para aspirantes, reduce el número de postulantes y otorga la posibilidad a los miembros del Tribunal Electoral, cuyos periodos finalizan ese año, de participar en el proceso.
Ricardo Monreal, impulsor de la reforma, también promovió la modificación al artículo 41 de la Constitución, que agrega la intervención extranjera como motivo para anular elecciones tanto federales como locales, siempre que existan pruebas objetivas y suficientes que lo sustenten en casos de irregularidades.
La iniciativa logró la aprobación de 21 congresos estatales, representando un 65.6 por ciento del total requerido. Sin embargo, su implementación no será posible en las elecciones de 2027, dado que aún está pendiente la legislación secundaria necesaria.
A medida que se aproxima la elección programada para 2028, el enfoque estará en cómo se desarrollarán los mecanismos de evaluación y la adaptación de los tribunales ante los nuevos lineamientos. La atención pública se centrará en las próximas discusiones legislativas relacionadas con la implementación de estos cambios.
Con información de laverdad.com.mx