Santo Domingo, República Dominicana. - Las auditorías en el país se han vuelto ceremoniales, con un enfoque en la formalidad que oculta la falta de consecuencias. La Cámara de Cuentas presenta informes técnicos que evidencian irregularidades, pero en la práctica no se traducen en acciones efectivas, lo que refleja un Estado que simula el control mientras perpetúa la impunidad.
Cada año, la entidad emite reportes que revelan sobrevaluaciones, obras no ejecutadas, nóminas infladas y desvíos de fondos. Sin embargo, el lenguaje utilizado evita responsabilidad al sustituir términos claros como "robo" y "enriquecimiento ilícito" por eufemismos inofensivos. Esto crea una cultura donde las consecuencias son raras; alcaldes y directores continúan en el poder a pesar de escándalos millonarios.
El ciclo de impunidad se sostiene mediante una arquitectura legal que asegura la inacción: la Cámara de Cuentas audita, pero no sanciona; el Ministerio Público guarda silencio y el Congreso no destituye. En este contexto, la indignación pública es efímera, desapareciendo con cada nuevo escándalo.
"Si un funcionario sabe que su expediente terminará en una nota de prensa y no en un tribunal, no tiene incentivo para no robar", explica el autor. Este fenómeno fomenta una ciudadanía indiferente, ya que los informes sin consecuencias enseñan que la ley es aplicable solo a quienes carecen de apoyo político.
Para revertir esta situación, se proponen tres cambios urgentes: auditorías en tiempo real con acceso a los sistemas financieros, consecuencias automáticas para los informes con indicios penales y sanciones permanentes para funcionarios corruptos. Mientras el sistema actual no se modifique, la corrupción seguirá costando al país hasta el 5% de su PIB cada año, una carga que se vuelve insostenible.
Con información de loultimodigital.com