El más reciente público en el caso de acoso judicial hacia Grupo Vanguardia expone que, a pesar de haber renovado liderazgos en el Poder Judicial, persisten prácticas de dilación y hostigamiento. Esas dinámicas parecen proceder de administraciones pasadas, según opinan varios especialistas.
Xavier Laureano, presidente del Foro de Abogados de Saltillo, critica la falta de experiencia de algunos magistrados nuevos. Afirma que el control de las resoluciones se mantiene en manos de secretarios proyectistas, quienes, de acuerdo con sus declaraciones, siguen una supuesta línea de persecución política y patrimonial.
El desencadenante de la polémica fue una decisión del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, calificada por juristas como "absurdo jurídico." En esta resolución, el tribunal transcribió el artículo 61 de la Ley de Amparo pero omitió el inciso c de la fracción XVIII, lo cual resulta crucial para eximir a personas ajenas de agotar recursos ordinarios antes de interponer un juicio de amparo.
La eliminación de esta excepción implica obligar a Inmobiliaria Casanar, S.A. de C.V. a responder a un juicio en el que no debería estar incluido, lo que ha generado un embargo considerado ilegal por la empresa sobre sus bienes.
Laureano también destacó que, a pesar del cambio de magistrados, el personal de carrera, incluyendo a los secretarios proyectistas, sigue en sus puestos, lo que podría perpetuar el hostigamiento. En este contexto, se han mencionado irregularidades en el caso vinculadas a personajes como Luis Ramos Escalante y Monika Elizabeth Zertuche Sánchez, quienes habrían intervenido en actos irregulares relacionados con inmuebles.
Se ha señalado que estos magistrados enfrentan posibles procedimientos de responsabilidad administrativa por la alteración en la aplicación de la ley.
Con información de vanguardia.com.mx