A más de una década del multihomicidio en la colonia Narvarte, las familias de las víctimas continúan demandando justicia. Rubén Espinosa, un fotoperiodista, y Nadia Vera, activista, junto a tres mujeres más, fueron asesinados el 31 de julio de 2015. En un acto conmemorativo, los parientes denunciaron que el caso sigue sin avances significativos, responsabilizando a las autoridades por una falta de acción.
Datos clave
- Caso: Multihomicidio en la colonia Narvarte
- Fecha: 31 de julio de 2015
- Víctimas: Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Martín, Yesenia Quiroz
- Denuncias: Falta de voluntad política y omisiones por parte de autoridades
En una manifestación frente a la Fiscalía General de la República (FGR), Patricia Espinosa, hermana de Rubén, subrayó que la negligencia del Estado ha prolongado el sufrimiento de las familias. Destacó que las autoridades han generado narrativas que criminalizan a las víctimas. Según ella, la violencia institucional continúa golpeando a las familias, creando una sensación de abandono y desesperanza por las respuestas que necesitan.
La madre de Yesenia, Indira Alfaro, expresó su desacuerdo con la idea de un encuentro fortuito entre las víctimas, argumentando que el perfil de riesgo compartido por Espinosa y Vera demuestra que el crimen fue premeditado. Este argumento resalta la necesidad de abordar la investigación con mayor seriedad y profundidad, especialmente en relación con las amenazas previas que ambos enfrentaron.
¿Qué ha hecho la FGR sobre el caso?
A lo largo de los años, la FGR ha cambiado de dirección bajo diferentes administraciones, pero la falta de resultados tangibles persiste. Las familias denuncian que han abandonado el diálogo y no se han agotado todas las líneas de investigación. Organizaciones como Artículo 19 critican la inacción de la Fiscalía frente a las irregularidades durante las indagatorias.
Impunidad y deuda del Estado
El caso Narvarte simboliza una de las muchas violencias que sufren periodistas y defensores de derechos humanos en México. La impunidad que rodea a estos asesinatos representa una deuda histórica del Estado mexicano que solo podrá resolverse a través del esclarecimiento de los hechos y la sanción correspondiente a los responsables. Organizaciones civiles y las familias de las víctimas insisten en la urgencia de respuestas claras y acciones efectivas.
Con 11 años transcurridos, las familias continúan firmes en su búsqueda de justicia, esperando que el Estado cumpla con su responsabilidad de esclarecer estos crímenes atroces.
Con información de diariodemexico.com