Guadalajara, Jalisco. - Distintas víctimas de la represión policiaca durante las protestas del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, han solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso. Este grupo denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal contra los manifestantes que exigían agua limpia.
Una de las afectadas, la abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas, relató que durante la represión vivió momentos aterradores, observando cómo una policía ahorcaba a una compañera frente a numerosas autoridades y testigos. Otra dama, la doctora Daniela Álvarez Zepeda, compartió su experiencia en un cuarto reducido, donde aproximadamente 40 manifestantes fueron retenidos tras el ataque con gases lacrimógenos y agua a presión.
En su testimonio, Álvarez Zepeda describió la angustia que sintieron cuando una de las jóvenes en su grupo comenzó a convulsionar. A pesar de sus solicitudes de ayuda a los paramédicos, el respaldo fue inadecuado y la situación se tornó crítica, lo que resalta la indolencia de las autoridades presentes.
Ambas denunciantes, junto a otras víctimas, relataron haber sido sometidas a humillaciones, golpizas y amenazas durante las horas que permanecieron detenidas. Arriola, quien asistió a la marcha junto a su hija de 19 años, indicó que recibieron intimidaciones, sugiriendo que eran seguidas por la policía.
Las víctimas han formalizado denuncias ante la FGR por torturas y han informado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que llevó el caso tras detectar su gravedad. En un informe preliminar, la CNDH reveló que ciertos infiltrados, responsables de disturbios, contaron con complicidad de agentes policiales.
Las víctimas exigen castigo para el gobernador, Pablo Lemus, y los altos mandos de la policía, incluido el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, quien negó su culpabilidad. Las acciones legales continúan en espera de respuesta.
Con información de jornada.com.mx