Ciudad de México, CDMX. - Un informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana revela que, entre 2006 y 2024, se han documentado hasta 4,071 fosas clandestinas en el país. Este hallazgo muestra la magnitud de una crisis humanitaria relacionada con la violencia de los narcotraficantes y la complicidad de las autoridades.
El análisis destaca que más de 10,000 cuerpos han sido exhumados, evidenciando un sistema sistemático de exterminio y ocultamiento utilizado por las organizaciones criminales. Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), las fosas se concentraron en los estados del norte, marcados por la “guerra contra el narcotráfico” y el enfrentamiento entre cárteles como el del Golfo y Los Zetas. En el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los hallazgos se trasladaron hacia el centro y sur del país, particularmente en Veracruz, Guerrero y Jalisco, que concentran el 62% de las sepulturas clandestinas.
La situación ha llevado a que la identificación de cuerpos se complique por la falta de recursos técnicos y la escasez de peritos calificados. La corrupción sistemática ha sido un obstáculo para que los servicios forenses puedan operar efectivamente, provocando que muchas víctimas permanezcan sin identificar en fosas comunes o refrigeradores escatológicos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) también ha enfrentado esta crisis con un incremento histórico en el hallazgo de fosas, resultado tanto de las continuas disputas entre grupos criminales como de la labor de colectivos de búsqueda. Estos últimos, especialmente compuestos por familiares de desaparecidos, asumen un papel crucial en la búsqueda de justicia.
Según el informe, la violencia y la corrupción han transformado regiones enteras en corredores estratégicos para el tráfico de drogas, donde la búsqueda de desaparecidos se ha vuelto una tarea de alto riesgo y gran dificultad.
Con información de perfil.com