Ciudad de México, CDMX. - El gobierno mexicano especificó los criterios que definen la elegibilidad para aspirantes a la presidencia o gubernaturas, en un contexto marcado por las intenciones del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se encuentra bajo investigación por crimen organizado.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que la participación política de individuos en este tipo de situaciones depende de un marco legal detallado. Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que hay supuestos específicos en la Constitución y la ley que pueden limitar los derechos político-electorales de quienes enfrentan procesos penales.
Zaldívar enumeró cinco situaciones que llevarían a la suspensión de estos derechos: estar en prisión preventiva, tener una sentencia condenatoria, haber sido declarado prófugo de la justicia, o estar bajo condena por delitos señalados en el artículo 38 de la Constitución.
El exministro subrayó que la mera existencia de una investigación o denuncia no implica automática inhabilitación. “La sola emisión de una orden de aprehensión no implica que se suspendan los derechos político-electorales”, afirmó Zaldívar. Solo situaciones específicas como la prisión preventiva generan esta consecuencia.
El análisis jurídico resalta que cada caso debe evaluarse de manera individual. Si una persona solo enfrenta una denuncia o investigación y está libre, puede postularse, sustentado en el principio de presunción de inocencia. El Tribunal Electoral ha confirmado que la vinculación a proceso no conlleva la pérdida automática de derechos, salvo en circunstancias de prisión preventiva.
En cuanto a próximos pasos, el gobierno continuará analizando la situación legal de aspirantes y el marco que regula su elegibilidad en las elecciones a celebrarse en 2030.
Con información de infobae.com