La administración de Donald Trump ha implementado medidas que afectan las transferencias de dinero enviadas a México. A través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo, el Departamento del Tesoro deberá emitir una alerta en 60 días, instando a bancos e instituciones financieras a fortalecer el control sobre remesas asociadas a migrantes sin autorización laboral.
El decreto establece que las transferencias pequeñas, el uso de plataformas de pago individuales y retiros repetitivos en cantidades mínimas pueden ser considerados como mecanismos para el lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Esta política se justifica por la preocupación de la Casa Blanca sobre el uso de sistemas no regulados que podrían facilitar transacciones inusuales.
Además, el Tesoro identificará patrones relacionados con evasión fiscal y el uso de empresas fantasma, apuntando a prácticas como la "microestructuración". Estas iniciativas también afectarán el acceso al crédito para personas que no tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos, lo que podría limitar aún más las opciones financieras de los migrantes.
El uso del ITIN, número de identificación tributaria utilizado por muchos migrantes, será revisado bajo estos nuevos criterios. Las autoridades estadounidenses consideran que este documento puede incrementar el riesgo de fraude en el sistema financiero, justificando así la necesidad de controles más estrictos.
La política de Trump busca restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense y prevenir actividades irregulares relacionadas con personas que podrían ser deportadas. Este enfoque tiene un impacto directo en las remesas hacia México, país que recibe la mayor parte de estas transferencias desde Estados Unidos.
Con información de lapoliticaonline.com

