Ciudad de México, CDMX. - Expertos en transparencia han calificado como ilegal el hecho de que servidores públicos de alto nivel oculten sus declaraciones patrimoniales bajo el pretexto de seguridad. Durante una entrevista, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, destacó que la Ley General de Responsabilidades establece claramente que no es el funcionario quien decide la publicidad de dicha información.
Bohórquez enfatizó que el artículo 29 de la ley establece que el Sistema Nacional Anticorrupción define cómo deben hacerse públicas las declaraciones. “Hay una versión pública que protege datos personales y otra a la que solo tienen acceso los órganos de control interno”, precisó.
La crítica se intensifica tras el decreto de transparencia firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de agosto, que establece lineamientos claros sobre la información que debe hacerse pública. Julieta del Río, excomisionada del extinto Inai, lamentó que aún haya funcionarios que se aprovechen de vacíos legales para evitar cumplir con sus obligaciones de transparentar información.
Del Río argumentó que, aunque algunas razones de seguridad podrían ser válidas, la ley estipula que las declaraciones patrimoniales son públicas, exceptuando aquellos aspectos que puedan comprometer la seguridad o la vida privada de otros. Esto incluye información sobre asociaciones o copropiedades con terceros.
Jacqueline Peschard, también excomisionada de Ifai, agregó que, si bien ciertos datos personales deben ser salvaguardados, las declaraciones patrimoniales deben ser accesibles al público. “Desde 2016, estas declaraciones son automáticamente públicas”, indicó.
Estos argumentos llevan a cuestionar el caso de Octavio Romero, director general del Infonavit, quien no hizo pública su declaración patrimonial. “La Secretaría Anticorrupción debe abrir una investigación de oficio”, concluyó Del Río, resaltando la obligación legal de estos mecanismos de fiscalización.
Con información de eluniversal.com.mx