Denver, Colorado. – Un tribunal federal de apelaciones determinó que el riesgo de tortura y lobotomía que enfrenta Javier García-Botello al ser deportado a México no califica para protegerlo bajo la Convención contra la Tortura. Esta decisión tiene implicaciones significativas para otros casos similares.
La Corte de Apelaciones del 10° Circuito concluyó que García-Botello debía demostrar que su sufrimiento sería intencionalmente infligido por el gobierno o con su consentimiento. La evidencia presentada, que incluía potenciales abusos, no fue suficiente para cumplir con este requisito, según el juez Jerome A. Holmes.
García-Botello, quien ha vivido en Estados Unidos durante más de una década tras vencer un accidente que le causó lesiones graves y una lesión cerebral, argumentó que su discapacidad cognitiva lo expondría a un trato violento en México. A pesar de ser considerado creíble, su caso no logró probar la intención directa de tortura por parte de funcionarios mexicanos.
A pesar de los informes que describen violaciones a los derechos humanos en México, la corte consideró que las condiciones adversas, como el uso de restricciones físicas o prácticas médicas primitivas, no implicaban genocidio o tortura conforme a la normativa internacional. La decisión refleja un enfoque estricto hacia la interpretación del concepto de tortura.
Los abogados de García-Botello no comentaron tras el fallo, que podría afectar a otros casos de individuos en circunstancias similares y plantea cuestionamientos sobre la protección de personas con discapacidades en contextos de migración.