Washington D.C. – En una votación de madrugada, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que reabre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excluyendo inicialmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este movimiento surge después de seis semanas de parálisis y negociaciones, permitiendo que el DHS funcione parcialmente hasta que el Congreso brinde su visto bueno definitivo.
La reactivación del DHS enfrenta tensiones entre el mantenimiento de la seguridad nacional y la presión de los demócratas para implementar salvaguardas en las políticas migratorias. El cierre administrativo, iniciado el 14 de febrero, se debió a la negativa de los demócratas a financiar al ICE, la agencia encargada de ejecutar las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Los recortes se dan en un clima de debate sobre la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, exacerbado por incidentes en lugares como Mineápolis.
Los demócratas exigieron condiciones para apoyar la financiación, tales como órdenes judiciales para detenciones y registros, prohibiciones en el uso de máscaras que ocultan identidades de los agentes y la obligatoriedad de cámaras corporales. Estas medidas buscan reforzar la supervisión y la transparencia en un tema delicado de la política pública.
El Senado optó por aprobar el financiamiento del DHS, dejando de lado las partidas en disputa relacionadas con la inmigración. Esto permite al DHS operar, mientras que ICE y parte de CBP quedan sin fondos hasta que se alcance un nuevo acuerdo. La votación se completó a las 2:30 de la madrugada. El cierre de la agencia había creado problemas operativos en aeropuertos debido a la falta de personal de seguridad.
Esta decisión representa una solución temporal que preserva el funcionamiento básico del DHS y requiere una nueva negociación para incluir a ICE y CBP en el presupuesto. A corto plazo, se evita la interrupción de servicios en aeropuertos, pero quedan abiertas las puertas a conflictos presupuestarios futuros si se persiguen nuevos fondos para las agencias excluidas.