La decisión del DOJ genera dimisiones y críticas, levantando cuestionamientos sobre la gestión de derechos civiles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) decidió no investigar penalmente el asesinato de Renee Good por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Este cambio refleja nuevas políticas en contraste con las administraciones anteriores, que generalmente abrían investigaciones en casos similares. El fiscal general adjunto confirmó que no existen motivos para iniciar una indagatoria. Esta decisión ha provocado renuncias entre fiscales, quienes expresan preocupación por la falta de una revisión adecuada del caso. Críticas surgieron del alcalde de Minneapolis, destacando la gravedad de la situación y la moralidad de las acciones del DOJ. La falta de acceso a pruebas por parte de investigadores estatales ha generado más dudas y tensiones en el manejo del caso.