Washington, D.C. – La Corte Suprema de EE. UU. ha anulado un pilar fundamental de la Ley de Derechos de Voto, un marco legislativo que ha protegido durante seis décadas a las comunidades minoritarias en el proceso electoral. Este fallo se produce en un contexto donde las voces de los defensores de los derechos civiles temen por el futuro de la representación de estas comunidades.
En un caso relacionado con la redistribución de distritos en Luisiana, la corte argumentó que la creación de un nuevo distrito para elegir a un representante negro fue inconstitucional, ya que consideró factores raciales en su diseño. Esta decisión representa un paso más en la erosión de la Ley de Derechos de Voto, iniciada hace más de diez años, lo que podría permitir la implementación de leyes restrictivas en varios estados.
Cliff Albright, cofundador de Black Voters Matter, advirtió que el fallo podría resultar en que comunidades enteras queden sin representación. La vicepresidenta del Brennan Center for Justice, Kareem Crayton, subrayó que la corte ha estado socavando la ley con el tiempo, describiendo el fallo reciente como un intento de “enterrar la ley sin un funeral”.
La Ley de Derechos de Voto, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1965, logró aumentar significativamente la representación política de las comunidades afroamericanas y hispanas. Hoy, estas comunidades enfrentan la posibilidad de perder sus avances. Expertos en derechos de voto consideran que esta decisión abre la puerta a la manipulación de distritos electorales, afectando no solo a las elecciones federales, sino también a los gobiernos locales y estatales.
Los grupos de derechos civiles han comenzado a movilizarse para contrarrestar los efectos del fallo y apoyar a comunidades en riesgo de ser desrepresentadas. Varias organizaciones celebraron una conferencia de prensa para rechazar la decisión y reiterar su compromiso de luchar por la equidad en el ámbito electoral.

