Washington, D.C. – La Corte Suprema escuchó argumentos orales sobre el intento del gobierno de terminar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y personas con estatus legal temporal. Varios jueces, incluidos algunos designados por Trump, mostraron escepticismo hacia la racionalidad presentada por la administración.
El caso se ocupa de la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que todos los hijos de inmigrantes son americanos. De acuerdo con el Instituto Cato, la ciudadanía por nacimiento fomenta la inclusión y evita la creación de una clase legal inferior entre los descendientes de inmigrantes. Esto es fundamental para la asimilación en la sociedad estadounidense.
El decreto ejecutivo de Trump no solo impactaría a los hijos de indocumentados, sino también a los de personas legalmente presentes en EE.UU. con visas temporales. Esto incluye a hijos de trabajadores especializados y estudiantes, muchos de quienes han vivido en el país por años y están en proceso de obtener residencia permanente. Si se implementara el decreto, estos niños podrían quedar sin un estatus legal claro.
Durante los argumentos, la jueza Ketanji Brown Jackson subrayó la complejidad práctica del decreto. Existe preocupación de que los recién nacidos de padres indocumentados o con visas se conviertan en inmigrantes ilegales desde su nacimiento, lo que podría llevar a consecuencias graves, como la separación de sus familias.
Un estudio de Pew Research indican que alrededor del 9% de los nacimientos en EE.UU. son de madres indocumentadas o con estatus temporal. Si la carta de Trump se aplicara, más de 260,000 potenciales ciudadanos serían excluidos, aumentando la población indocumentada y creando una nueva resistencia social. Las discusiones actuales sobre la ciudadanía por nacimiento son cruciales, ya que reflejan el debate más amplio sobre la integración y el futuro de las políticas migratorias en el país.