Washington D.C., Estados Unidos. – La revisión conjunta del T-MEC está sujeta a una cláusula que establece una vigencia inicial de 16 años, con evaluaciones cada seis años. Esta disposición busca evitar que el acuerdo comercial se quede estancado, aunque ha generado controversia entre sus defensores y críticos.
La Ley de Implementación del T-MEC obliga al presidente de Estados Unidos a consultar al Congreso antes de cada revisión. Esto significa que la Casa Blanca debe informar y rendir cuentas ante los comités de Medios y Arbitrios y de Finanzas, lo que convierte al Congreso en un contrapeso al Poder Ejecutivo en temas comerciales.
Durante una audiencia sobre el T-MEC, Mike Crapo, presidente del Comité de Finanzas del Senado, resaltó el amplio respaldo político del tratado, el cual fue aprobado en 2020 con una votación de 89 a 10. Crapo argumentó que el T-MEC protege empleos estadounidenses y fomenta el crecimiento económico, apoyando alrededor de 13 millones de empleos en EE. UU.
Desde la implementación del T-MEC, Canadá y México han invertido 775,000 millones de dólares en Estados Unidos, un aumento significativo en comparación con el periodo previo. En el sector agropecuario, las exportaciones estadounidenses hacia estos países alcanzan 60,000 millones de dólares, representando casi un tercio de las ventas agrícolas externas.
Crapo también admitió que el tratado presenta imperfecciones y que hay áreas que requieren mayor supervisión, incluyendo biotecnología agrícola y derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, abogó por considerar el balance general y no dejar que la búsqueda de la perfección impida avanzar en los beneficios ya consolidados del acuerdo.