Severo Flores Mendoza, conocido como el Rey Mago, ha solicitado un amparo para protegerse de una supuesta orden de aprehensión y extradición. Desde la clandestinidad, regresa al escenario judicial ante el riesgo de ser capturado, motivado por la exposición de su conexión con el narcotráfico por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2022.
Recientemente, presentó la demanda ante un Juzgado de Distrito en el Estado de México, donde se le exigió aclarar los detalles de su petición, debido a las contradicciones presentes en su escrito. En vez de una defensa sólida, su solicitud refleja una confusión respecto a su situación legal actual. Ello incluye una afirmación de haber huido su hogar al enterarse de una orden judicial en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La trayectoria de Flores Mendoza revela la complicada intersección entre la ley y el crimen. Antes de su caída, se desempeñaba como Comisario de Seguridad Pública en Ameca y era coordinador de jefes policiales en la Región Valles, una zona clave en Jalisco. En 2022, la OFAC lo incluyó en su lista negra, al considerar que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), proporcionando información a cambio de sobornos.
Las instituciones estadounidenses lo ven como un componente vital para la expansión del CJNG en la región. Aunque fue separado de su cargo, las respuestas de las autoridades mexicanas fueron insuficientes, y a pesar de varias advertencias sobre su idoneidad, logró manipular sistemas legales para seguir en el servicio público de seguridad.
Desde su destitución, el nombre de Flores emergió nuevamente en el contexto de corrupción y violencia en Tequila, lugar donde fue vinculado como operador de una red criminal bajo un alcalde detenido. Así, su historia no solo refleja la fragilidad del sistema de seguridad en el país, sino también la persistente infiltración del crimen organizado en funciones públicas.
Con información de zetatijuana.com