Las redes sociales han intensificado sus esfuerzos por involucrar a los estudiantes incluso durante el horario escolar. Snapchat, por ejemplo, envió notificaciones a adolescentes para que compartieran sus experiencias en el aula, mientras que Meta reclutó adolescentes para promocionar Instagram en las escuelas. TikTok, por su parte, destinó recursos a la Asociación Nacional de Padres y Maestros, enfocándose en promover la seguridad en línea.
Los documentos internos filtrados revelan que estas tácticas han persistido a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el impacto en la salud mental y el comportamiento académico de los jóvenes. El clamor por un cambio se ha intensificado, llevando a muchos distritos escolares a prohibir el uso de celulares en clase y a examinar su dependencia de dispositivos tecnológicos. Estas acciones se producen en un contexto donde las redes sociales son acusadas de contribuir a problemas como el acoso y los trastornos alimentarios.
Las empresas sostienen que factores externos, como la pandemia de covid, han afectado la salud mental de los adolescentes y que los padres también tienen un papel en la regulación del uso de dispositivos. A pesar de las críticas, las plataformas afirman haber implementado herramientas de supervisión parental y restricciones para usuarios jóvenes. Recientemente, un acuerdo entre las empresas y un distrito escolar en Kentucky obligó a las plataformas a pagar 27 millones de dólares en daños.
Este litigio no solo representa un desafío financiero considerable para las redes sociales, sino que también puede sentar un precedente para otros distritos. El próximo caso en litigio será el del Distrito Escolar Unificado de Tucson, que busca más de mil millones de dólares, lo que podría abrir la puerta a acciones legales similares a nivel nacional. En el contexto creciente de escrutinio social hacia estas plataformas, los resultados de estos casos influirán en cómo se gestionan las redes sociales en el entorno escolar.
Con información de vanguardia.com.mx