Morelia, Michoacán. - En Michoacán, la participación en las escuelas públicas es escasa. Aunque existe un marco legal que promueve consejos de participación escolar, la aplicación efectiva es mínima. Actualmente, se reporta una falta de claridad en el uso de recursos y la toma de decisiones, lo que genera desconfianza en las comunidades.
Estos consejos deben incluir a padres, docentes y representantes, pero en la práctica, muchos se limitan a formalidades. Desde 2019, no se ha registrado información sobre el funcionamiento de estos órganos en el estado, lo que evidencia un vacío de transparencia. Las autoridades educativas realizan reuniones informativas, pero carecen de un sistema adecuado que permita una participación real y significativa.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños y adolescentes deben poder expresar sus opiniones sobre asuntos que les afectan. Sin embargo, actualmente sus voces son limitadas. En encuestas recientes, el porcentaje de jóvenes que considera la educación como un problema ha aumentado de 1.7% a 3.5%, revelando un creciente malestar que parece ser ignorado.
Además, el contexto de violencia y precariedad en la región dificulta aún más estos procesos. A inicios de 2026 se suspendieron clases debido a la violencia, y aquí, la participación estudiantil es aún más complicada. Niños y adolescentes deben convivir con incertidumbre, lo que perpetúa un ciclo de exclusión educativa y falta de empoderamiento.
Para mejorar esta situación, se requiere un enfoque más inclusivo y proactivo. La colaboración entre todos los actores educativos es esencial para reconstruir la confianza y promover un cambio real. De no abordar esta problemática, los próximos años seguirán marcados por la inacción y la desconfianza en el sistema educativo.
Con información de quadratin.com.mx