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En el portal de internet de su municipio hay un botón para denunciar corrupción. Probablemente usted no lo ha visto nunca. Y casi con seguridad no lo ha usado. No es culpa suya. Es, en buena medida, el punto de esta columna.
Todos los municipios del área metropolitana de Monterrey tienen hoy un canal de denuncia. Los construyeron porque la ley se los exigió, y ahí están: un portal, un teléfono, a veces un buzón físico en la planta baja de la presidencia municipal. La infraestructura existe. Lo que no existe es el flujo. La enorme mayoría de los actos de corrupción que sufren los ciudadanos al hacer un trámite nunca se denuncian, y esa distancia entre lo que la gente padece y lo que reporta no es una brecha. Es un abismo.
Cuando planteo esto, la reacción más común es culpar al ciudadano. Se dice que falta cultura de la denuncia, que somos tolerantes con la corrupción, que nos quejamos pero no actuamos. He escuchado esa explicación tantas veces que ya me parece más un reflejo que un argumento. Y creo que es falsa.
La gente no denuncia por cuatro razones distintas, y conviene separarlas, porque cada una exige una solución diferente.
No sabe. Una parte de la población simplemente ignora que el canal existe o cómo se usa. Este es el problema más fácil, y el único que una campaña de difusión puede resolver. Es también, casualmente, el que los gobiernos prefieren atender, porque es barato y luce bien en el informe anual.
Le cuesta trabajo. En varios municipios, denunciar exige presentarse físicamente, identificarse, llenar un formato y ratificar. Le estamos pidiendo a alguien que ya fue víctima que invierta una mañana en volver a serlo, esta vez de un trámite. Muchos abandonan a la mitad, y con toda razón.
Tiene miedo. Y aquí conviene bajar el tono solemne y hablar de la vida real. El proveedor que denuncia un soborno en el área de adquisiciones vuelve a esa misma ventanilla el mes siguiente. El empleado municipal que denuncia a su jefe sigue trabajando con su jefe. El vecino de un municipio pequeño denuncia a alguien que conoce a alguien que lo conoce a él.
La denuncia anónima existe en el papel. La protección real al denunciante, en muchos casos, no. Y sin protección, pedirle valentía a la gente es pedirle que pague de su bolsillo el costo de un servicio público que no funciona.
Cree que no sirve. Esta es la razón dominante, y la más difícil de admitir para quienes diseñaron el sistema. El ciudadano ha visto, año tras año, en qué terminan las denuncias. Y ha concluido, correctamente, que no cambian nada.
Fíjese en lo que eso significa. Si el problema fuera el desconocimiento, una campaña bastaría. Si fuera la fricción, un buen portal la resolvería. Pero si el problema es que la gente ha calculado que denunciar es inútil, entonces ninguna campaña de comunicación va a mover la aguja, porque la ciudadanía no está mal informada. Está bien informada. Por eso calla.
La consecuencia práctica es dura para las contralorías municipales: no van a recibir denuncias mientras no produzcan sanciones, y les cuesta producir sanciones porque no reciben denuncias. Es un nudo, y solo se desata por un extremo.
El extremo es este. Que cada municipio publique cuántas personas servidoras públicas fueron sancionadas en firme el año pasado. Por qué falta. En qué área. Si el número es alto, será la mejor campaña de denuncia que ese municipio haya hecho en su historia, y no habrá costado un peso. Si el número es cero, el municipio habrá aprendido algo más valioso que cualquier encuesta: que el problema nunca estuvo en la ciudadanía, sino en la puerta que le abrió.
Antes de la próxima campaña. Antes del próximo rediseño del portal. Antes del próximo spot. Eso.
Denunciar la corrupción es un acto de confianza. Le estamos pidiendo a la gente que confíe en una institución que, hasta ahora, no le ha dado una sola razón para hacerlo. La confianza no se pide. Se gana, y se gana con resultados publicados.
Mientras tanto, el buzón sigue ahí, en la planta baja, esperando. Y nadie lo abre porque todos, en el fondo, sabemos lo que hay dentro.