Ciudad de México. – La agencia calificadora S&P Global Ratings ha señalado que las principales debilidades que mantienen la calificación crediticia de México en “BBB” con perspectiva estable radican en factores internos. Entre estos se encuentran un crecimiento económico a largo plazo insuficiente, problemas operativos y financieros en empresas paraestatales clave como Pemex y CFE, y una creciente carga de deuda soberana.
El análisis detalla que el bajo dinamismo económico del país se ve afectado por deficiencias en seguridad interna, una inversión inadecuada en infraestructura, la creciente competencia manufacturera de China y fallas en las políticas económicas internas. S&P indica que la baja inversión privada, exacerbada por una relación tensa entre el gobierno y el sector privado, y la incertidumbre jurídica generada por recientes reformas judiciales, limitan las perspectivas de un repunte.
A pesar de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC, México ha mostrado un desempeño económico inferior al de su vecino del norte, desaprovechando oportunidades de acceso preferencial a la economía más grande del mundo.
Las finanzas públicas mexicanas han mostrado una erosión gradual. S&P destaca la vulnerabilidad del desempeño fiscal y de deuda soberana ante los débiles perfiles financieros de Pemex y CFE, anticipando un apoyo extraordinario y casi seguro por parte del soberano a estas empresas, tal como ha ocurrido recientemente.
No obstante, la fortaleza de México reside en su flexibilidad externa y monetaria, gracias a reformas que han fortalecido su resiliencia ante shocks externos, manteniendo un tipo de cambio flexible y una política monetaria creíble que coadyuva a la estabilización económica.
S&P proyecta un crecimiento económico para México de poco más del 1.0 por ciento en 2026, una tasa que considera estructuralmente baja. La agencia advierte que una mejora en la calificación crediticia dependería de una gestión política y económica efectiva que impulse la inversión, eleve el crecimiento per cápita, fomente la flexibilidad presupuestaria, reconstruya los amortiguadores fiscales y amplíe la base tributaria no petrolera.
En el lado adverso, la agencia señala que la falta de contención oportuna de los déficits fiscales, el aumento de la deuda pública y de los costos de financiamiento, junto con la posibilidad de un mayor apoyo a las empresas estatales, podrían derivar en una eventual baja de la calificación.