Baja California y Ciudad de México. - Dos casos importantes sobre el tráfico ilegal de combustibles están en el centro de la atención pública: el del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y el de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Aunque ambos casos están relacionados con el huachicol, las investigaciones apuntan a conductas legales distintas.
Datos clave
- Quién: Ernesto Ruffo Appel y los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
- Qué: Investigación sobre contrabando y comercialización ilegal de combustibles.
- Dónde: Baja California y diversas entidades en México.
- Cuándo: Investigaciones activas desde 2025.
En el caso de Ruffo, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga sobre su presunta responsabilidad individual en una red de contrabando de combustibles. La investigación ha revelado la operación más grande de este tipo hasta la fecha en el país, con operaciones que se extendieron entre 2019 y 2026, involucrando a 11 empresas en su funcionamiento.
Por el contrario, los hermanos Farías se ven involucrados en una investigación que indaga más sobre una posible estructura empresarial enfocada en la importación y comercialización ilegal de combustibles. La FGR ha detectado presuntas conexiones con varios funcionarios de la Secretaría de Marina y prácticas corruptas que facilitaron el ingreso de combustibles a través de las aduanas.
¿Cuáles son las diferencias clave en las investigaciones?
Las diferencias en las investigaciones son notables. La indagatoria de Ernesto Ruffo se centra en determinar su responsabilidad personal en una red específica de contrabando, buscando acreditarlo como responsable de una sola serie de delitos. En contraste, el caso de los hermanos Farías se basa en desarticular una organización empresarial más grande, implicando un entramado más complejo de corrupción y delincuencia organizada.
Más sobre las redes de huachicol
Los hermanos Farías no solo enfrentan acusaciones de contrabando de hidrocarburos, sino que también están bajo la lupa por presuntas operaciones financieras ilegales en un esquema de evasión fiscal a gran escala. La FGR ha estimado que el posible daño económico por su actividad podría ascender a aproximadamente 600 mil millones de pesos.
Las investigaciones continúan y se espera que la justicia determine las responsabilidades legales en ambos casos, substancialmente diferentes en su naturaleza y sus implicaciones legales.
Con información de meganoticias.mx