Ciudad de México, CDMX. - En su primer informe de gobierno en 1964, el presidente Gustavo Díaz Ordaz amenazó a médicos con despidos si no aceptaban ajustes salariales en medio de protestas y marchas. Alertó sobre la posibilidad de recortes a los servicios médicos, señalando que la situación financiera del Estado limitaba el aumento de salarios.
Díaz Ordaz enfatizó que el presupuesto público era insuficiente y que, de no ser posible incrementar el pago a los médicos, el gobierno podría reducir los servicios de salud. “Si el pueblo de México estuviere dispuesto a pagar más impuestos... yo no tendría sino que obedecer”, declaró. La tensión se incrementó al advertir sobre sanciones a quienes causaran daños por las huelgas.
Durante su discurso, el mandatario subrayó que el conflicto no era solo un asunto económico, sino que planteaba cuestiones fundamentales sobre la salud pública y la responsabilidad de los médicos en el sistema de salud. "No se trata de un simple vulgar regateo económico", afirmó, defendiendo su posición contra el derecho de huelga en servicios vitales como la atención médica.
Ante el aplauso de la mayoría priista en el Congreso, dejó claro que cualquier falta de colaboración de los médicos sería vista como una infracción que podría acarrear consecuencias legales. El presidente instó a los profesionales de la salud a considerar la gravedad de sus acciones y la responsabilidad ética hacia aquellos que necesitaban atención médica.
La respuesta del gobierno incluyó abrir investigaciones por la Procuraduría General de la República, confiando en que el orden público y la legalidad prevalecerían. El contexto de estas medidas arroja luces sobre la autoritaria postura del gobierno de Díaz Ordaz ante la movilización social.
Con información de quadratin.com.mx