Morelia, Michoacán. - Un análisis del doctor en derecho, Ernesto Villanueva, revela que el reciente decreto sobre violencia digital emitido por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum presenta limitaciones significativas. Aunque busca proteger a niños y adolescentes en entornos digitales, carece de un régimen sancionador que acompañe las prohibiciones.
Villanueva, catedrático de la UNAM, subraya que el Estado tiene la obligación de salvaguardar a la infancia, pero también debe garantizar la libertad de informar. “Proteger a la infancia no significa ocultar indiscriminadamente la realidad social”, indicó. Para el especialista, la protección adecuada implica prevenir daños y fomentar el acceso a información conforme a cada etapa de desarrollo.
El análisis destaca varios problemas en el decreto. Uno principal es la falta de claridad en las disposiciones legales, que podría llevar a interpretaciones restrictivas, afectando la libertad de expresión. Además, la amplitud de algunas categorías de contenido podría resultar en una censura indirecta por parte de plataformas digitales.
A pesar de sus deficiencias, Villanueva aclara que el decreto no implica automáticamente una prohibición del periodismo. Sin embargo, advierte sobre los riesgos constitucionales que podrían limitar el flujo de información periodística legítima.
Villanueva concluye que es imperativo establecer medidas que habiliten tanto la protección de la infancia como el respeto a la libertad de expresión, garantizando controles efectivos.
Con información de quadratin.com.mx