Buenos Aires, Argentina. - La Corte Suprema de Justicia se ha visto envuelta en una creciente polémica en torno a la ley de Tierras, que regula la compra de propiedades por extranjeros. En los últimos 15 días, la controversia tomó forma tras la anulación de una medida cautelar que impedía la aplicación de un decreto del presidente Javier Milei. Este fallo unánime eliminó el límite del 15% en la compra de tierras rurales por foráneos, atrayendo una inmediata y ruidosa reacción pública.
El primer fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y aunque se basó en un aspecto procesal, desencadenó una serie de reacciones políticas. Ante las protestas de sectores de la oposición, que expresaron su rechazo al levantamiento de las restricciones para la venta de tierras, la Corte emitió un comunicado aclarando que la decisión no cerraba la discusión sobre el tema.
Sin embargo, en un giro que mostró la tensión interna del tribunal, un segundo fallo restableció los límites a la venta de tierras a extranjeros apenas diez días después. La crítica no se hizo esperar. Rosenkrantz, quien disidió en la segunda decisión, acusó a sus colegas de actuar en respuesta al "descontento social", un comentario que resaltó la sensibilidad del tema en la esfera pública y política.
La controversia también destapó diferencias de interpretación sobre la ley entre los jueces. Mientras que la mayoría considera necesario actuar ante la situación actual, Rosenkrantz aboga por que las instancias inferiores resuelvan primero los asuntos planteados por una ONG que presentó la nueva demanda. Este conflicto interno dejó a la Corte en una situación delicada, donde las interpretaciones jurídicas se entrelazan con las presiones sociales.
Ahora, el panorama se complica con la mirada atenta del público y la oposición. La Corte deberá decidir su próximo paso en este contexto álgido y en medio de la presión del clamor social.
Con información de lanacion.com.ar